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Fuerte discusión entre textiles e importadores por una medida oficial

Una fuerte polémica se generó entre importadores y fabricantes nacionales de textiles y calzado por un requisito adicional que impuso el Gobierno para el ingreso de estos productos al país.
La Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) emitió una declaración que dice que la resolución 404 de la Secretaría de Comercio, emitida a fines del año pasado, implica un “retroceso”. “Mientras la ley que ratifica el acuerdo de facilitación del comercio de la OMC espera su sanción en el Congreso, el Ministerio de Producción impulsa medidas restrictivas al comercio -comúnmente llamadas “paraarancelarias”- que se ponen en evidencia con la reciente publicación de la resolución 404/2016 de la Secretaría de Comercio, que desconcierta al mundo empresarial que busca previsión y seguridad para invertir”, indicó la CIRA.
La decisión administrativa impone a los importadores la necesidad de presentar una declaración jurada de composición de productos, que ya estaba vigente para otros rubros y que el sector considera como una traba innecesaria. “¿Por qué si una licencia no automática tiene 180 de vigencia, una declaración jurada de composición de producto tiene 120 días solamente, conforme indica la citada resolución? ¿Por qué si un producto viene analizado de origen, con certificaciones internacionales aceptadas en todo el mundo y realizadas por prestigiosos laboratorios, debemos encarecer el proceso de importación solicitando que intercedan otros organismos e institutos locales para que obligatoriamente vuelvan a realizar todos los ensayos, conforme también indica la resolución?”, se preguntó la cámara.
El presidente de la CIRA, Rubén García, dijo a LA NACION que la entidad envió una carta al secretario de Comercio, Miguel Braun, porque “hay una serie de anomalías en esta resolución, que implican un retroceso en la facilitación del comercio en la que trabajó este gobierno”.
“El país tiene que transitar un camino en el que el control estúpido debe eliminarse; a los inversores les decimos que se facilitará el comercio a través de la ventanilla única, pero a la vez se saca esta resolución, que va en el sentido contrario”, afirmó. García recordó que “más del 80% de lo que se importa va a las industrias”, y aclaró que aunque “el diálogo mejoró mucho respecto del gobierno anterior, no se entiende esta medida”.
La Secretaría se defiende
En tanto, en la Secretaría de Comercio indicaron a LA NACION que “hace varios meses se le dijo a la industria que saldría una medida para regular el sector, para que los productores argentinos y los importadores sigan las mismas reglas técnicas”. Además, afirmaron que “de ningún modo esta resolución dificulta el proceso de importaciones”.
En apoyo a la resolución, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) dijo que se trata de “un instrumento válido para la defensa del derecho que tienen los consumidores de estar plenamente informados sobre la mercadería que están comprando.El etiquetado de productos textiles y calzado es una obligación que se ha impuesto en todo el mundo y, en particular, en los países desarrollados. Son los mismos países que impulsan la facilitación del comercio a nivel internacional y los promotores del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC”.
La entidad recuerda que la declaración jurada “es de cumplimiento obligatorio para todos los productos, tanto los de fabricación nacional como para los importados.Se trata de una medida de transparencia y previsibilidad para obligar a los fabricantes y a los importadores de estos bienes que informen correctamente a los consumidores”. Por otra parte, agrega, “la medida obliga a realizar ensayos de laboratorio en un organismo autorizado, como se hace en todos los países del mundo”.
Por su parte, el presidente de la Fundación Pro Tejer, Jorge Sorabilla, dijo que “lo dispuesto por el Gobierno va en el sentido correcto para fortalecer la calidad institucional del mercado interno, dando cuenta y garantía a los consumidores de la efectiva composición de los bienes que consumen”.
Además, expresó que “es un simple requisito exigido tanto a productores nacionales como a importadores y todo aquel que comercialice productos textiles en nuestro mercado. Por lo tanto, es un error afirmar que se trata de una medida para-arancelaria o traba al comercio. Es un paso adelante en las reglas de juego de nuestro mercado, que aporta transparencia al proceso de comercialización”.
El dirigente empresario dijo que “es una medida que resguarda y da seguridad adicional al consumidor que adquiere un producto en nuestro mercado. Se trata de una exigencia que rige en los principales países desarrollados del mundo como un requisito mínimo de lealtad comercial. En este sentido la producción nacional está dispuesta a cumplimentar lo dispuesto por esta resolución y a seguir abonando toda medida que fortalezca a la claridad y certeza del consumo de productos textiles en nuestro mercado”.
En este sentido, el director de la consultora DNI, Marcelo Elizondo, dijo a LA NACION que “hay una línea general de institucionalización a través de normas del comercio, frente a la informalidad” que prevalecía en el kirchnerismo.
“Pero a la vez, hay excepciones en algunos rubros en los que se mantienen las trabas. Es el gradualismo llevado al terreno del comercio internacional, por el lobby de muchos sectores proteccionistas”, concluyó.
Fuente: La Nacion

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